El médico irlandés William B. O'Shaughnessy, en 1839, realizó una de las primeras labores de divulgación de las propiedades médicas del cannabis en Europa, tras observar su uso terapéutico durante su trabajo en la India. Su investigación abrió la puerta a que el cannabis se incorporara progresivamente a las farmacopeas occidentales.

Harry J. Anslinger pasó tres décadas al frente de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos (FBN) y fue el artífice de la Ley de Impuestos a la Marihuana de 1937, que federalizó la prohibición del cannabis en el país. Al comienzo de su etapa en la FBN, Anslinger apenas prestaba atención al cannabis — pero con el fin de la Ley Seca (Prohibición del alcohol), su agencia se quedó con poco trabajo que justificar, y él corría el riesgo de perder su posición de influencia. Fue entonces cuando dirigió su atención hacia el cannabis.

Anslinger llegó a afirmar que las personas negras y latinas eran las principales consumidoras de marihuana, y que esta les hacía "olvidar su lugar" en la sociedad estadounidense. Llegó a expresar su preocupación de que permitir el consumo de marihuana entre la población negra pudiera tener consecuencias que describía en términos abiertamente racistas sobre su comportamiento hacia mujeres blancas. Estas declaraciones, documentadas históricamente, son hoy uno de los ejemplos más citados de cómo la prohibición del cannabis nació entrelazada con prejuicios raciales explícitos, no con evidencia sanitaria.

Reefer Madness fue una película financiada en 1936 por un grupo de iglesias y dirigida por Louis J. Gasnier, concebida como una lección moral para mostrar a los padres los supuestos peligros del consumo de cannabis. La trama mostraba a estudiantes de instituto que, tras fumar marihuana, se volvían violentos hasta el punto de matar a sus propios padres. La película fracasó comercialmente en su estreno y quedó prácticamente olvidada — hasta que, décadas después, resurgió como película de culto en circuitos universitarios, precisamente por lo absurdo y desproporcionado de sus afirmaciones, convirtiéndose irónicamente en un símbolo cultural del contramovimiento pro-legalización.

Historiadores especializados en la materia han cuestionado duramente la solidez probatoria de esta teoría, señalando que no existe documentación directa que conecte a estas empresas con la redacción de la Marihuana Tax Act, y que la explicación mejor respaldada por fuentes primarias sigue siendo la combinación de ambición burocrática de Anslinger, sensacionalismo mediático y prejuicio racial descrita en las secciones anteriores. Esto no significa que los intereses de estas industrias fueran irrelevantes en el contexto económico de la época, pero la evidencia disponible no sostiene una "conspiración" deliberada y coordinada en el sentido en que la teoría se presenta habitualmente.

En 1941, toda mención al cannabis fue eliminada de la Farmacopea de los Estados Unidos, el compendio oficial de referencia sobre medicamentos reconocidos. Fue el punto final de un proceso que había comenzado apenas cuatro años antes: una sustancia que llevaba 90 años reconocida como medicamento (desde 1851) fue borrada del registro oficial en menos de media década de campaña política y mediática.

La Convención Única sobre Estupefacientes, firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York, es el principal tratado internacional que conforma el marco legal global de control de drogas hasta hoy. El cannabis y sus derivados quedaron incluidos en las Listas I y IV de la Convención — la Lista IV reservada específicamente a sustancias consideradas de "beneficio terapéutico limitado o nulo" y alto potencial de abuso, la categoría más restrictiva junto a la heroína. Fue este tratado el que exportó el modelo prohibicionista estadounidense, construido sobre las bases descritas en las secciones anteriores, a prácticamente todo el planeta — incluida España, que ratificó la Convención (BOE de 1966, posteriormente actualizada por el Protocolo de 1975).

Es importante ser rigurosos: al menos otros tres antiguos asesores de Nixon han negado que Ehrlichman llegara a decir eso, y han sugerido que el periodista malinterpretó un comentario hecho en tono sarcástico. La cita es, por tanto, ampliamente citada y coherente con los efectos documentados de la política de Nixon (ver sección 12), pero su autenticidad literal sigue siendo objeto de debate historiográfico, y una guía rigurosa debe presentarla como tal, no como un hecho cerrado.

La idea de que el cannabis actúa como "puerta de entrada" hacia drogas más duras se popularizó en el discurso público estadounidense durante estas mismas décadas de campaña prohibicionista, como argumento adicional para justificar su persecución al mismo nivel que sustancias mucho más peligrosas. La literatura científica posterior ha señalado repetidamente que la correlación observada entre el consumo de cannabis y el de otras sustancias se explica mejor por factores sociales compartidos (disponibilidad, entorno, ilegalidad que empuja a mercados no regulados donde conviven distintas sustancias) que por un mecanismo farmacológico de "entrada" per se — una distinción importante que rara vez se explicó con el mismo altavoz mediático que la teoría original.

España ratificó la Convención Única de 1961 durante el franquismo, incorporando el marco prohibicionista internacional a su legislación interna. Tras la Transición, la legislación española evolucionó hacia un modelo peculiar y a menudo mal entendido incluso hoy: el consumo privado y el autocultivo para consumo propio no están penalizados como delito (aunque el consumo en la vía pública sí puede sancionarse administrativamente bajo la Ley de Seguridad Ciudadana), mientras que el cultivo, posesión con intención de tráfico y la venta sí constituyen delito penal bajo el artículo 368 del Código Penal — el mismo artículo que aparece en el debate actual sobre el CBD y la cannabis light descrito en otros artículos de esta serie.

Según un informe de la ACLU (American Civil Liberties Union) de 2020, la población negra en Estados Unidos tenía 3,64 veces más probabilidades de ser detenida por posesión de cannabis que la población blanca, pese a tasas de consumo comparables entre ambos grupos — una cifra prácticamente idéntica a la de un informe anterior de 2013 (3,73 veces). En algunos estados concretos, la disparidad llegaba a ser de hasta seis, ocho o casi diez veces más. El mismo informe documenta más de 6,1 millones de detenciones por posesión de cannabis en la década estudiada, y señala que, incluso en estados que ya habían legalizado el cannabis, la disparidad racial en las detenciones seguía sin desaparecer del todo. Estas cifras conectan directamente con las motivaciones originales descritas en las secciones 2 a 4 de este artículo: casi noventa años después de la Marihuana Tax Act, el patrón de aplicación desigual de la ley que Anslinger ayudó a instaurar seguía siendo medible estadísticamente.

El 2 de diciembre de 2020, la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) votó, por mayoría simple (27 votos a favor, 25 en contra, 1 abstención) de los 53 Estados miembros, retirar el cannabis y su resina de la Lista IV de la Convención Única de 1961 — la categoría reservada a sustancias sin valor terapéutico reconocido. Fue el primer reconocimiento formal, a nivel de Naciones Unidas, de que la clasificación original de 1961 no reflejaba la evidencia científica disponible sobre el valor medicinal del cannabis. Analistas de política de drogas han señalado, no obstante, que este cambio corrige la clasificación sin desafiar directamente el legado colonial y racial de la arquitectura prohibicionista original descrita en las secciones 2 a 4 de este artículo.

Este artículo reconstruye hechos históricos documentados y citas ampliamente referenciadas en fuentes periodísticas, académicas y jurídicas. Donde una afirmación es objeto de debate historiográfico (como la cita atribuida a Ehrlichman), se ha señalado explícitamente. El objetivo es ofrecer contexto histórico riguroso, no un relato simplificado en una sola dirección.